Jóvenes privados de la libertad
No levantes ni cercos ni murallas
Cerca de 300 adolescentes uruguayos están privados de la libertad por haber cometido infracciones , y su punición es el encierro por años, falta de escolarización obligatoria, malnutrición, represión y estigmatización social. Mientras el Parlamento decide una ley de emergencia carcelaria, los jóvenes permanecen hacinados y sin soluciones reales de reinsertarse socialmente cuando recobren la libertad.
Por Azul Cordo
“Alertamos sobre la incipiente construcción de cárceles para adolescentes en diferentes partes del interior del país que refuerzan una lógica contraria a los derechos del niño”, señala el Comité por los Derechos del Niño (CDN) del Uruguay en el artículo publicado en Informe Serpaj 2009 titulado: Adolescentes privados de libertad: condiciones de encierro, problemas estructurales y recomendaciones.
Es que la solución para la falta de inserción de los jóvenes al mercado laboral, para la deserción escolar y liceal, para las rapiñas y robo de gallinas, para el desmedido crecimiento de bocas de pasta base a diez cuadras del centro montevideano, parece ser –una vez más- la represión.
El proyecto de ley para declarar la emergencia carcelaria en Uruguay comenzó a debatirse la primera semana de junio, tras el esbozo de los objetivos esenciales realizado por una comisión interpartidaria y la aprobación del Presidente de la República, José Mujica.
Con un sistema carcelario saturado por diez mil presos, las soluciones que formula la nueva legislación proyectada implica “habilitar recursos de forma rápida desde el Poder Ejecutivo para generar nuevos centros de reclusión y reparar los que ya existen, evitando un llamado a licitación que demoraría más de dos años”, explicó el legislador por el Frente Amplio, Jorge Orrico.
Además se detalló que el proyecto de ley “posibilita al Poder Ejecutivo la contratación directa de personal para los establecimientos penitenciarios” y “permite el traslado de presos a unidades militares, con custodia policial por dentro y guardia militar en la zona perimetral”.
Tanto desde el ámbito legislativo como desde los organismos que trabajan con individuos mayores y menores de edad privados de la libertad, se señala que el principal problema en la emergencia carcelaria es el alto nivel de hacinamiento en las cárceles uruguayas.
Respecto a los “hogares de privación de libertad”, como se denomina a las cárceles para adolescentes, al hacinamiento se le suma el maltrato, el exceso de horas de encierro, privación de escolaridad primaria y secundarial obligatoria y la ausencia de talleres recreativos.
Un ladrillo en la pared
Observadores de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) visitaron a mediados de mayo distintas instituciones del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), entre ellos Colonia Berro, y notificaron que “se percibieron problemas estructurales que hay que atacar con urgencia, como la ausencia de una propuesta socioeducativa y un plan de trabajo para los internos”.
Luis Pedernera, coordinador del Comité por los Derechos del Niño (CDN), participó de esas visitas y en las entrevistas con distintos directivos de las instituciones y destacó que "ya se han realizado recomendaciones al respecto de los problemas registrados".
“En las entrevistas realizadas a los internos se manifestaron altos niveles de malos tratos cuando son arrestados por la Policía" , agregó Pedernera.
Por su parte, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) Uruguay participa desde el año 1994 del programa Menores en conflicto con la ley con el objetivo de “proporcionar herramientas pedagógico-educativas para que los menores tengan opción de responsabilización respecto de los delitos que cometieron y herramientas cognoscitivas en oficios, para poder reinsertarse en sociedad”, explica Mauro Tomasini, coordinador nacional de dicho organismo que defiende los Derechos Humanos en América Latina.
Once miembros del Serpaj realizan talleres con adolescentes de entre 15 y 18 años, privados de su libertad, cuyos centros de encierro se concentran en los departamentos de Montevideo y Canelones.
“La mayor cantidad de chicos está en Colonia Berro y obviamente allí hay un primer problema con la organización de la reclusión de los menores de edad, ya que si cometieron un delito en Artigas son enviados a la capital, quedando lejos de sus vínculos cercanos y de su entorno afectivo”, señala Tomasini.
“Mas allá de que se llamen hogares de privación de libertad, eso es un eufemismo: son cárceles. Estos lugares están superpoblados; por hogar hay entre veinte y treinta gurises, dependiendo del régimen abierto o cerrado, y no se llegan a cumplir muchas veces los objetivos de reinserción del adolescente”, agrega el coordinador del Serpaj. Las metas están lejos de ser alcanzadas y muchos de esos centros terminan funcionando como escuelas de delito.
Tomasini reconoce que “desde el Serpaj podemos hacer muy poco para cambiar toda la situación de hacinamiento crónico señalada en diversos informes, dada la situación de desestructuración de instituciones como el INTERJ (Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil) y el continuo cambio de funcionarios, que en general no están aptos para estar al frente de situación de privación de la libertad” y señala que “a eso se suma que no hay una propuesta educativa por hogar para abordar a los adolescentes encerrados”.
¡Basta! ¡Es un niño!
Los que piden un triciclo para Reyes, ¿qué son? ¡Son los niños!
Los que piden una moneda en la calle, ¿qué son? ¡Son menores!
Los que juegan con colores, ¿qué son? ¡Son los niños!
Los que juegan con limones en las calles, ¿qué son? ¡Son menores!
“En muchas ocasiones tenemos que lavar tres o cuatro veces el piso antes de comenzar el taller, porque estamos limpiando con trapos la saliva de los chicos que se babean por estar tan dopados”, remarca Mauro Tomasini.
Trabajar oficios y relaciones en la cotidianeidad son los ejes de los talleres que los integrantes del Serpaj realizan con los jóvenes de Colonia Berro y otros hogares de encierro. “Estos chicos tienen un gran índice de violencia en su cotidianeidad, porque tienen que sobrevivir en la calle, porque no tienen padres, porque tuvieron que salir a delinquir para comer, porque tuvieron que traficar pasta base. Entonces no tienen límites, no se manejan con límites ni han sido criados en un contexto de contención; por eso nosotros trabajamos en grupo, con dinámicas de juego, para incorporar reglas y aprender a convivir con los otros compañeros”, destaca el integrante de Serpaj.
“Trabajamos despacio, con paciencia, en grupo y además les enseñamos oficios como panadería e informática”, agrega.
Tomasini subraya que en el vínculo con estos adolescentes intentan “recuperar una niñez que no tuvieron”, a través de actividades “que son más de niños”. “Cuando hay un cumpleaños hacemos una torta y la decoramos con macacos y colores, y es muy emocionante ver cómo se alegran con cosas así que no han recibido antes”.
Entre los escasos episodios de alegría se cuela el uso y abuso de psicofármacos por parte de los funcionarios de cada institución, que generan nuevas adicciones en jóvenes que ya eran consumidores de pasta base y en otros que no tenían adicciones.
“Hay algunos menores que tienen problemas psiquiátricos, pero además el encierro genera conductas o patologías que, en determinado momento, al no tener ninguna herramienta para que el chiquilín se desarrolle, genera un deterioro físico-mental, y para calmarlo se le dan psicofármacos en manera indiscriminada”, alerta Tomasini.
Entre cuatro paredes
La Convención Universal sobre los Derechos del Niño, a la que Uruguay adhiere, establece que la pena de privación de libertad sea una medida “excepcional”; sin embargo, los jueces tienden a que sea éste sea el primer recurso para castigar una infracción cometida por un ciudadano menor de 18 años, con condenas que van de dos días a cinco años.
Además de hacer de la excepción una regla, los hogares como Colonia Berro o Las Piedras mantienen a los “jóvenes en conflicto con la ley” con 22 horas de encierro o incluso la aplicación de castigos mediante encierro-aislamiento en un calabozo durante treinta días.
“En Colonia Berro a los gurises no se los lleva al baño, no se les da de comer, no se les dan elementos para higienizarse. El deterioro que tiene el Estado se sufre en Berro, tal como ocurre en las cárceles de adultos”, detalla Tomasini.
La cantidad de horas encerrados, la privación de espacios para la recreación y la formación socio-educativa, se enmarcan en la violencia institucional caracterizada también por las constantes situaciones de tensión entre los chicos y los miembros del servicio penitenciario.
A esas condiciones inhumanas se suma que, cuando salen del encierro, la sociedad genera un etiquetamiento de los jóvenes que estuvieron privados de su libertad, sin siquiera medir en proporción que el Mal que azota a la sociedad uruguaya no puede estar generado por no más de 300 jóvenes que están encerrados en los distintos hogares-cárceles.
“Trescientos no es un número representativo de todos los males que le pueden pasar a la sociedad uruguaya”, señala Tomasini. Hay una sensación de inseguridad latente que a través de los medios masivos de comunicación y de referentes públicos como los funcionarios políticos, judiciales y la policía, le atribuyen la culpabilidad a los adolescentes que no superan los 18 años y que parecen irrecuperables a los ojos de los opinólogos.
“Es cierto que con el acceso de la pasta base a los sectores más vulnerables algunos delitos se cometen de manera más violenta, pero eso no justifica cargarles toda la responsabilidad a un centenar de jóvenes a los que luego no se intenta recuperar ni reinsertar desde el Estado y sus instituciones”, concluye el integrante del Serpaj.
La resocialización tiene que ver con la aprobación del otro. No se puede pretender la solución de los problemas si se invisibiliza y se esconde tras los muros a los jóvenes que padecen la exclusión debido a la ausencia de políticas públicas reales.
Más encierro generará más encierro. El mundo gris que se le ofrece a los adolescentes, se refuerza en la privación de la libertad. Iniciativas como las del Serpaj deberían ser multiplicadas por ley, en lugar de sumar más ladrillos a la pared.
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